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A la Contraloría General de la República llevará el concejal de Olmué, Pablo Altamirano Lizana, los antecedentes del nuevo reglamento interno aprobado hoy, viernes 11 de septiembre, por el Concejo Municipal de dicha comuna y que fue aprobado sin contar con la opinión ni la participación de las organizaciones comunales, ni de la ciudadanía. nuevo reglamento
En concreto, la nueva norma no considera la transcripción o transmisión a través de plataformas digitales de los Concejos Municipales, para que la ciudadanía se informe de primera fuente respecto a las intervenciones y decisiones de sus autoridades comunales durante las sesiones. Al respecto, el concejal Altamirano ha solicitado desde que asumió su cargo en reiteradamente poder incorporar esta tecnología a las reuniones de Concejo, lo que no implicaría mayor gasto municipal.nuevo reglamento
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Al respecto, Altamirano señaló que “hoy viernes 11 de septiembre del año 2020, en el concejo Municipal de Olmué, de llevó a aprobación el reglamento interno, el cual se votó por seis votos a favor y uno en contra. ¿Por qué el rechazo a un reglamento que no ha sido trabajado en plenitud y que no ha concluido en las comisiones? Como concejal de la comuna pedí que las comisiones fueran grabadas y transcritas, para que sean públicas para la comunidad, lo cual tampoco fue acogido. El otro acuerdo solicitado fue la transmisión de los concejos telemáticamente, lo cual también fue negado. Es importante que la ciudadanía se entere de este tipo de situaciones, porque es una sociedad informada y crítica, que no acepta decisiones entre cuatro paredes. Por eso, entre otras cosas, urge cambiar nuestra constitución este 25 de octubre” nuevo reglamento
La votación
La nueva normativa fue aprobada por 6 votos a favor y 1 en contra (Altamirano), debido a que, a juicio del edil, el contenido de este debió haber sido sometido a consideración de la ciudadanía, mediante el correspondiente procedimiento de participación ciudadana. De esta manera, se ha negado a los y las habitantes de la comuna su derecho a informarse de los actos que toman sus autoridades, así como también, de hacer observaciones.
El reglamento que se pretende imponer vulnera abiertamente el principio de trasparencia de la gestión pública, pues se insiste en impedir que las sesiones sean trasmitidas en vivo. También se mantiene la informalidad y secretismo de las reuniones de Comisiones, instancias que toman relevantes decisiones para la comunidad.
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La regulación que impugnará el concejal continúa con la nefasta cultura de autoritarismo y secretismo de la actual administración municipal. Es por ello que el edil anunció entregar los antecedentes en conocimiento de la Contraloría General de la República, requiriendo un pronunciamiento frente a hechos y decisiones que vulneran los principios básicos de la ley de municipalidades.
También anunció la presentación de las correspondientes acciones administrativas y de ser necesario judiciales para que se impida un nuevo atentado al derecho a la información y participación en la gestión municipal, en el marco del proceso de cambios que pide la ciudadanía a través del cambio de Constitución
El Reglamento que se pretende imponer vulnera abiertamente los principios de acceso a la información, publicidad y trasparencia de la gestión pública.
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